El Gobierno lanza una normativa para proteger a los accionistas minoritarios de OPAs hostiles. Refuerza las exigencias para evitar compras a precio de saldo de empresas cuyo precio se ve presionado a la baja en el mercado por circunstancias especiales como expropiaciones. 

Agazapas, viglantes, algunas empresas aprovechan la mínima ocasión para lanzar OPAs hostiles contra otras. Ofertas Públicas de Adquisición que permiten adquirir compañías, entrar en su accionariado para controlarlas o tomar un peso importante en sus decisiones.

La ocasión es perfecta cuando el precio de las acciones de la compañía fijada como objetivo se debilita por ocasión, por ejemplo, de una expropiación, una catástrofe natural, guerra… En estos casos, esta enmienda escudará al accionista.

Recientes las expropiaciones a Repsol y Red Eléctrica de sus respectivas filiales en Argentina y Bolivia, el grupo Popular del Senado ha introducido una enmienda que obliga a que las OPAs hostiles en esas ocasiones excepcionales incluyan un informe de un experto independiente sobre los métodos de valoración utilizados para determinar el precio ofrecido que no podrá ser menor que el precio equitativo, es decir, el mayor precio pagado por el oferente durante los doce meses anteriores al anuncio de la OPA, y el resultante de los métodos de valoración del informe independiente.

En teoría, suficiente para que los accionistas minoritarios reciban un precio razonable por sus acciones. Además, si la empresa ofrece un canje de valores deberá incluir una contraprestación o precio en efectivo.