El Consejo de Ministros regulará hoy la dación en pago. El objetivo es evitar deshaucios en casos de familias que tengan riesgo de exclusión social. Además, la norma sólo se aplicará a las entidades que de forma voluntaria se adhieran al código de buenas prácticas.

El Gobierno confía en que las entidades firmarán el código de buenas prácticas con el que se tratará de evitar desahucios. El banco, por tanto, tendrá la última palabra.

Las condiciones para que entregar la casa cancele la hipoteca son varias: que la vivienda sea la primera y única que tiene la familia, que todos sus miembros estén en paro o sin percibir ninguna renta por actividad económica, que el valor del inmueble se sitúe entre 120.000 y 200.000 euros.

Por último, la cuota hipotecaria a pagar deberá superar el 80% de los ingresos netos del conjunto de la familia. Es decir, si obtiene 1.000 euros, la letra debe superar los 800. Una vez cancelada la deuda con la entrega de la vivienda, los afectados podrán seguir viviendo en ella al menos 2 años.

Se estudia que pagen un alquiler en ese período. Otra de las posibilidades es que los bancos asuman voluntariamente que han tasado muy cara la vivienda.

Entre las medidas también podría estar una rebaja de los intereses de demora y que agreve la condición de exclusión social que el titular sea mayor de 65 años o tenga discapacidad.