Paradójicamente en la Unión Europea se regatea sobre el objetivo de déficit de los países, se establecen sanciones si no se cumplen algunos requisitos económicos… ¿Y qué ocurre con la corrupción? Un agujero del valor del 1% del PIB europeo.

Mientras Bruselas regatea hasta la décima los objetivos de déficit de España, y amenaza al país con sanciones de 1.000 millones de euros por sus cifras de paro, la Justicia sigue recibiendo casos de corrupción, ante la pasividad de los burócratas europeos. 

Escándalo de los ERES en Andalucía, creación de empresas ficticias para recibir subvenciones, Jaume Matas condenado por contratación pública irregular en la primera sentencia del caso Palma Arena, ex ministros implicados en casos de pagos empresariales para obtener favores, ex directivos de Cajas arruinadas con indemnizaciones millonarias.

Muchos ejemplos en España pero también abundan en otros países de la Unión Europea. Un auténtico agujero económico para cuya solución Bruselas aún no ha preparado duros mecanismos de sanción.

El 6 de junio de 2011 la Comisión Europea puso en marcha el Informe Anticorrupción de la UE. Para ello aportaba dos datos: Cuatro de cinco ciudadanos europeos considera la corrupción política uno de los grandes problemas de su Estado, y el coste de estas prácticas representa el 1% del PIB europeo, es decir, 120.000 millones de euros.

La publicación del primer informe se producirá en 2013, tendrá un carácter bianual, e incluirá recomendaciones de actuación así como un código de buenas prácticas.