El Gobierno movilizará a través del ICO y de los grandes bancos 30.000 millones de euros para que las Administraciones Públicas salden su deuda con los proveedores. La lista de empresas que empezarían a cobrar las facturas es muy heterogénea, con compañías de todo tipo y tamaño. 

 Esperan pacientemente su turno para cobrar unas facturas que se quedaron en el cajón. Dinero que nunca llegó a las cuentas de los proveedores, facturas aplazadas a más de 148 días, y que según ATA han provocado que 350.000 autonómos cierren su negocio.

En la lista de espera hay compañías de todo tipo. Desde grandes empresas de distribución energética y eléctrica hasta pequeños negocios locales. Entre las grandes empresas, petroleras, gasistas, eléctricas, farmacéuticas…

De ahí, pasamos a las de tamaño medio. Constructoras, consultorías de ingeniería o arquitectura, empresas de saneamiento de aguas, empresas de señalización e iluminación, de climatización, maquinaria, de equipos informáticos y eléctricos, de organización de eventos y espectáculos…

Y la gran mayoría son pymes y autonómos. Provienen de sectores muy heterogéneos: empresas de diseño gráfico, de publicidad, imprentas, talleres mecánicos, ferreterías, aluminio, de seguridad y vigilancia, de formación, de mudanzas, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de automóviles o de equipos de sonido, tiendas de muebles, y hasta compañías locales de teatro.

Muchas empresas en diversos sectores que buscan cobrar por los servicios prestados.